04/09/2013
Tras la reunión que mantenían ayer el alcalde de Pilas, Jesús Mª Sánchez, y la
policía local, colectivo con el que mantiene un contencioso desde hace meses por
el impago de determinados conceptos retributivos, el subinspector Francisco Antonio del Valle, nos ha enviado un comunicado en el que apela
a “la responsabilidad de todas las partes implicadas en el proceso negociador,
ya que no es concebible que por la intransigencia y actitudes, cuanto menos
reprobables, no se acuerden servicios mínimos que se deben prestar a los
ciudadanos”.
Valle
encuentra “inadmisible que un ente público no preste los servicios a los que
está obligado a prestar por la incapacidad manifiesta de llegar a acuerdos”, y
hace un llamamiento a la cordura, instando “a todos los agentes sociales
intervinientes en las negociaciones a que lleguen a los acuerdos necesarios
para normalizar un servicio público tan necesario”.
Un
contencioso que viene de lejos
El contencioso
entre el alcalde y la policía local viene de lejos. En marzo pasado la policía
local denunciaba el incumplimiento del convenio regulador del funcionamiento y las retribuciones de este
colectivo, firmado en 2012, entre los representantes de
estos trabajadores municipales y el primer edil pileño.
Sobre esta
polémica, el subinspector de la policía, Francisco Antonio del Valle, reconocía
a La Guía de Pilas entonces que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se había aprobado recientemente en pleno
municipal no se ajustaba al acuerdo negociado y firmado el año anterior, por el que se reconocían algunos conceptos relacionados con las
peculiaridades del trabajo que desempeña la policía local, como jornadas
laborales en festivos, fines de semana o de noche, turnos de trabajo rotativo,
etc.
Jesús M.
Sánchez, por su parte, respondía a la polémica, como sigue manteniendo en la
actualidad, que la Intervención del Ayuntamiento hacía tiempo que venía advirtiendo de la ilegalidad de esas retribuciones, por lo que no podía seguir
pagándolas. En la reunión mantenida ayer con este colectivo avaló esta
explicación con un informe de la asesoría jurídica de la Diputación de Sevilla, a quien en el mes de julio elevó una consulta sobre el asunto.
Según este informe, del que dábamos cuenta a través de una nota de prensa
emitida por alcaldía, las retribuciones “se ajustan a la legalidad vigente”,
por lo que “no procede reconocer conceptos retributivos distintos de los
previstos en la normativa general”.
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